SENTENCIA C-410 DE 1994

IGUALDAD FORMAL

La igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos, hipótesis, esta última, que expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual. Cabe precisar que inicialmente la igualdad formal se cifraba tan sólo en los efectos de la ley, con absoluta prescindencia de los contenidos normativos, tendencia que fue dando paso a una interpretación que, conforme a los postulados del Estado Social de Derecho, prohija la igualdad en el contenido de la ley, posibilitando de paso el control de constitucionalidad orientado a examinar la correspondencia de la actividad legislativa con la Constitución, referente superior que hace de la ley el medio normativo apropiado para la realización de los fines del Estado.

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION

El principio de no discriminación que la Carta contempla, tradicionalmente es identificado con el perfil negativo de la igualdad, puesto que, ante todo, se destaca su carácter eminentemente prohibitivo de tratos injustificados; empero, cabe precisar que la referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de “un orden político, económico y social justo” (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se derivan.  La prohibición constitucional de discriminar se vincula estrechamente a la noción sustancial de igualdad, formulada de manera más precisa en el segundo inciso del artículo 13, que encarga al Estado de promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” y de adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Límites

Las modificaciones operadas no deben ser otras que las permitidas por la propia Carta dentro del marco del Estado Social de Derecho que sirve de sustento al orden que se pretende consolidar; la actividad estatal, en forma alguna se encuentra ligada a la consecución del igualitarismo absoluto aunque sí debe estar orientada a propugnar condiciones acordes con la dignidad prevalente de la persona humana.

DISCRIMINACION POR SEXO

El sexo es el primer motivo de discriminación que el artículo 13 constitucional prohíbe. La situación de desventaja que en múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada a la existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los reclamos de liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la consecuente proyección de esa lucha en el campo de la igualdad formal y sustancial. La incidencia de este particular tipo de discriminación en las relaciones sociales es amplia, porque el grupo discriminado comprende por lo menos a la mitad del conglomerado humano, y se encuentra en permanente contacto con los restantes miembros de la sociedad ubicados en posición privilegiada. Además, las consecuencias de la diferenciación injustificada por razón de sexo se extienden a insospechados espacios, lo que da cuenta de la naturaleza velada o encubierta de un sinnúmero de prácticas inequitativas que trascienden las manifestaciones más comunes de la discriminación.

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Alcance

El principio de igualdad vincula a todos los poderes públicos y en especial a la rama legislativa, cuya actuación queda entonces sometida a un control de constitucionalidad que debe tomar en cuenta la igualdad como parámetro para enjuiciar la correspondencia de las leyes con el Estatuto Superior. El legislador, en consecuencia, está obligado a observar el principio, de modo que las diferencias normativas por él establecidas encuentren un fundamento justificado y razonable y por otra parte, se orienten a la consecución de un fin constitucionalmente lícito.

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LAS NIÑAS, LAS MÁS VULNERABLES

Fiscalía investiga 38 casos de abuso sexual contra niñas wayúu

Fuente: Con información de Noticias RCN (La F.M.) 4 16 2016

“La Fiscalía investiga 38 casos de abuso sexual contra niñas de la comunidad indígena wayúu en La Guajira, por los que han sido detenidos seis hombres como presuntos responsables, informó la entidad.

“Ubicamos 38 casos de abuso sexual con niñas de la comunidad wayúu que habían sido violadas, y de esos 38 ya hemos logrado obtener doce órdenes de capturas y ya se capturó a seis de ellos, manifestó el director nacional de Fiscalías, Luis González.

Las detenciones se realizaron en Riohacha, La Guajira, y en los municipios de Maicao y Uribia. Entre los capturados están cinco indígenas, siendo uno de ellos el padrastro de una niña que está embarazada.

“Lo triste es que acá volvemos a encontrar las mismas agresiones a las niñas donde los responsables son los papás, vecinos, padrastros, amigos y gente cercana a las familias, agregó González, al confirmar que los 38 abusos sexuales han ocurrido en los últimos dos años.

Un juez de Riohacha procesará a los detenidos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De igual manera, por abusos sexuales contra varias niñas, la Fiscalía capturó en Cúcuta, a 16 hombres que fueron enviados a la cárcel modelo de esa ciudad.”

Con información de Noticias RCN

Frente a casos como estos cabe preguntarse por qué la Fiscalía en vez de pensar en imputar “Acceso carnal abusivo” no afina su trabajo y lleva a estos agresores a imputación por “Acceso carnal violento” ? O es que la violencia psicológica no cuenta? Son niñas indefensas e inmaduras a quienes cualquier amenaza real o presunta de daño para ellas o sus familias, es suficiente violencia para someterlas.

De otro lado hay que seguir cuestionando al Estado colombiano por su falta de cumplimiento frente a las obligaciones que el artículo 44 de la Constitución le impuso en protección de niños-niñas-adolescentes.

JURISPRUDENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Sentencia T-878/14 

“(…)

CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER-Hace parte del bloque de constitucionalidad 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que hace parte del bloque de constitucionalidad. La define como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Este instrumento exige a los Estados partes garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como implementar políticas para eliminar la discriminación de la mujer dentro de las cuales se encuentran: consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer;  adoptar sanciones que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; abstenerse de incurrir en actos de discriminación; eliminar la discriminación de la mujer en la sociedad y; derogar las disposiciones penales que impliquen una discriminación contra la mujer. Adicionalmente, solicita la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y en particular, el derecho al trabajo con las mismas oportunidades, a elegir libremente profesión y empleo, al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones de servicio, a la formación profesional, al readiestramiento, a la igualdad de remuneración y de trato, a la seguridad social, a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo.

(…)

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Constituye un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral

La violencia contra las mujeres constituye un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas escalas de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. Ya se ha demostrado que las leyes resultan insuficientes, puesto que tienen que formar parte de un esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre hombres y mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de ellas es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que discrimina es responsabilidad de todos.

(…).”

La violencia sexual como arma de guerra

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Actualmente existe mayor evidencia del uso de la violencia sexual como un arma de Guerra en Colombia. En los años recientes las mujeres han enfrentado un incremento en el riesgo de violencia sexual por parte de los grupos armados.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) Colombia a través de su programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA) implementa actividades para fortalecer las capacidades de la institución nacional y local para responder a los crímenes de violencia sexual basada en género y los crímenes de desplazamiento forzado en el marco del conflicto. Como parte de estas actividades se llevó a cabo el Foro: “Justicia con Enfoque Diferencial”.

Este foro cumplió con el propósito de entrenar, informar e incrementar la conciencia de servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Alta Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia de la República, Jueces, Magistrados y la Defensoría del Pueblo, como parte de la política de equidad y no discriminación.

Durante el foro se firmó un memorando de entendimiento entre el Fiscal General de la Nación, la Alta Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia de la República, la Embajada de Canadá, GIZ y el Consejo Noruego para Refugiados; con el fin de fortalecer el apoyo legal para las víctimas de desplazamiento forzado, promover el acceso a la justicia, verdad y reparación, en particular a las víctimas de violencia sexual basada en género.

En Colombia, 2 de cada 10 mujeres desplazadas abandonan su lugar de origen por el temor a la violencia sexual. Los abusos, en Colombia, ocurren incluso después del desplazamiento; más de la mitad de las mujeres que reportaron esta situación comentan haber sido víctimas de abuso físico y más de la tercera parte han sido forzadas a tener relaciones sexuales.

Cerca del 50% del total de las personas desplazadas en 2011 fueron mujeres. La situación  para las niñas es muy seria. Además de ser obligadas a llevar a cabo tareas asociadas con acciones de combate por parte de los grupos armados ilegales, ellas también son víctimas de violencia sexual.

Según reporte de Watchlist (2012), y reportes actuales de la Defensoría del Pueblo se describe un incremento del riesgo de violencia sexual por todos los actores armados en Colombia. Los testimonios recolectados en los reportes más recientes resaltan la crítica situación para las mujeres.

Este foro fue parte de las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto financiado por el Fondo de seguridad y Paz Global (GPSF) del gobierno canadiense, que está orientado a promover acciones legales en casos de violencia sexual y fortalecimiento institucional para la persecución y judicialización de estos crímenes de violencia sexual contra la mujer.

Este esfuerzo de NRC promoviendo la respuesta a las víctimas de violencia sexual ha dado sus primeros resultados en el diseño de un protocolo para la atención en casos de violencia sexual, luego de un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Instituto legal de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Cae exrectora por aberrante caso de abuso sexual de paramilitares

Lucila Inés Gutiérrez es señalada de organizar eventos para que Auc eligieran a sus víctimas.

Por:   |

2:43 p.m. | 9 de abril de 2016

La Fiscalía capturó a la exrectora de un colegio de Charalá (Santander) investigada por permitir abusos de menores de edad a manos de paramilitares del frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

Según la investigación de la Dirección de Contexto de la Fiscalía los abusos se dieron en el colegio del corregimiento Riachuelo sin que la entonces rectora Lucila Inés Gutiérrez denunciara los hechos ante las autoridades. Ella, dice en la investigación, habría permitido el accionar los paramilitares.

Los investigadores señalan que entre 1999 y 2003 la exrectora le abrió las puertas del colegio a los paramilitares y los estudiantes terminaron al servicio de los jefes de las Auc de la zona. Muchos de los menores fueron sometidos a vejámenes y otros eran usados como mensajeros, limpiaban armas y demás tareas que ordenaban los ‘paras’.

En el expediente hay declaraciones de exparamilitares que en Justicia y Paz dieron cuenta de los nexos de la exrectora y su esposo el exconcejal de Charalá Luis Moreno con las Auc.

Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, desmovilizado del Bloque Sur del Bloque Central Bolívar, en una versión libre en mayo del 2013, mencionó a la exrectora y su esposo como colaboradores de las autodefensas.
Según la investigación los reinados que se hacían en el colegio eran usador por los paramilitares para elegir a sus víctimas.

La Fiscalía logró ubicar a varios menores víctimas de reclutamiento y abusos sexuales que dieron testimonio de los ataques de los que fueron objeto con la supuesta complicidad de la exfuncionaria.

justicia@eltiempo.com

BIENVENIDA

Hola, cordial saludo para todos y todas. Soy abogada con estudios de postgrado en áreas del Derecho Penal, de Familia, de Educación-Orientación Familiar, e igualmente en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los cuales he enfatizado el tema de violencias contra mujeres y niños-niñas-adolescentes.

El tema de las violencias contra mujeres y niños-niñas-adolescentes ha sido una de mis constantes a nivel profesional; he escrito al respecto y con frecuencia dicto conferencias; siendo mi mayor motivación aportar a una vida más digna fundada en el respeto mutuo.

Bienvenidos y bienvenidas a este camino que aquí se inicia.

Blanca Bohórquez